Principales leyes que respaldan la protección de datos
- CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (ART. 18 CE).
En el Art. 18 de la Constitución Española se garantiza:
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El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
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El secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
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- REGLAMENTO (UE) 216/679, DE 27-4-2016, RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN LO QUE RESPECTA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y A LA LIBRE CIRCULACIÓN DE ESTOS DATOS Y POR EL QUE SE DEROGA LA DIRECTIVA 95/46/CE (REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS, RGPD)
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- LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES (LOPDGDD)
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Está en vigor desde el 07/12/2018.
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Completa y aplica el RGPD e incorpora un Título X dedicado a la “Garantía de los derechos digitales”, que desarrolla aspectos como el derecho a la educación digital, la protección de los menores en Internet o un nuevo catálogo de derechos de la “Era digital”, como los relacionados con internet y redes sociales o en el ámbito laboral y funcionarial.
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- LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (LOE), RECIENTEMENTE MODIFICADA POR LA LEY ORGÁNICA 3/2020, DE 29 DE DICIEMBRE (LOMLOE)
Disposición adicional vigesimotercera. Datos personales de los alumnos:
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Los centros docentes podrán recabar datos necesarios para el ejercicio de su función educativa, que podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, al desarrollo y resultados de su escolarización, así como a aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento sea estrictamente necesaria para la función docente y orientadora. Los padres o tutores y los propios alumnos deberán colaborar en la obtención de la información.
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La incorporación de un alumno a un centro docente supondrá el tratamiento de sus datos y, en su caso, la cesión de datos procedentes del centro en el que hubiera estado escolarizado con anterioridad.
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En el tratamiento de los datos del alumnado se aplicarán normas técnicas y organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad.
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El profesorado y el resto del personal que acceda a datos personales y familiares o que afecten al honor e intimidad de los menores o sus familias quedará sujeto al deber de sigilo.
Artículo 111 bis. Tecnologías de la información y la comunicación. Esta disposición regula aspectos tan relevantes como:
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Los estándares que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas de información del Sistema Educativo Español y los distintos niveles de compatibilidad y seguridad en el tratamiento de los datos.
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El número identificativo para cada alumno o alumna, a fin de facilitar el intercambio de la información relevante con respeto de la privacidad y protección de datos personales.
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Los entornos virtuales de aprendizaje que se empleen en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que deben permitir el acceso del alumnado, desde cualquier sitio y en cualquier momento, con respeto de la normativa de propiedad intelectual, privacidad y protección de datos personales y de los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas y procurando su compatibilidad e interoperabilidad. Así mismo, se regulan las características de las plataformas digitales y tecnológicas ofrecidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional a toda la comunidad educativa.
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La obligación de las Administraciones educativas y de los equipos directivos de los centros de promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula. También se obliga a establecer las condiciones que hagan posible la eliminación en el ámbito escolar de las situaciones de riesgo por la inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red.
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La obligación estatal de fijar los marcos de referencia de la competencia digital en la formación inicial y permanente del profesorado para el desarrollo de una cultura digital en los centros y en las aulas.
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La obligación de las Administraciones públicas de velar por el acceso de todos los estudiantes a los recursos digitales necesarios (para disminuir la denominada brecha digital).
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