Principios en materia de protección de datos

Los principios en materia de protección de datos pretenden asegurar que se está actuando de forma adecuada para no verse comprometida la privacidad, en total son 9 los principios que los detallamos a continuación:

1. Licitud : el tratamiento solo es posible si concurren las condiciones previstas en los artículos 6.1 RGPD (condiciones de licitud) y siempre que se den las circunstancias del 9.2 RGPD, para el caso de las categorías especiales de datos.

2. Lealtad : debe haber coincidencia entre la información facilitada al interesado sobre el tratamiento y el tratamiento efectivamente realizado en cada momento.

3. Transparencia : debe cumplirse con los deberes de información de los artículos 12 al 14 del RGPD, en los que se prevé concretamente la información mínima que debe facilitarse a los interesados ​​en todo tratamiento, y garantizar que toda información y comunicación relativa al tratamiento sea fácilmente accesible y fácil de entender y que se utiliza un lenguaje sencillo y claro. Así mismo, debe permitirse el acceso a la información , en los términos previstos en el RGPD.

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4. Limitación de la finalidad: la recogida de datos se hará para fines determinados, explícitos y legítimos y el tratamiento posterior debe ser compatible con dichos fines, con la excepción prevista para el archivo, investigación y estadística (y para estas finalidades el art. 89 exige garantías adecuadas, entre ellas la minimización y seudonimización, cuando sea posible).
En todo caso, se debe garantizar la información del interesado sobre esos otros fines posteriores y sobre sus derechos, incluido el derecho de oposición.

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5. Minimización de datos: solo pueden tratarse los datos adecuados, pertinentes y necesarios para los fines del tratamiento.

Este principio está relacionado la protección de datos por defecto que también debe garantizar el responsable; con el principio de limitación de la finalidad, ya que solo es pertinente el tratamiento que se limita a la finalidad informada, así como con los principios de necesidad y proporcionalidad, en virtud de los cuales en los tratamientos siempre deberá buscarse la mínima incidencia posible en el derecho de protección de datos de forma que solo es adecuado el tratamiento que es proporcionado a la finalidad perseguida y siempre que esta finalidad no pudiera lograrse razonablemente por otros medios.

6. Exactitud y calidad de los datos: Los datos deben ser exactos y actualizados y ello exige adoptar todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos.
De acuerdo con la LOPDGDD, la inexactitud no es imputable al responsable del tratamiento cuando este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que procedan, si los datos inexactos hubiesen sido obtenidos por el responsable:

• Directamente del afectado.
• De un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de actividad establecieran su posibilidad de intervención.
• De otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad.
• De un registro público.

7. Limitación del plazo de conservación: los datos deben mantenerse solo durante el tiempo necesario para los fines del tratamiento, salvo fines de archivo en interés público, investigación científica o histórica o estadísticos. Para ello es importante fijar plazos para la supresión y revisión periódica del tratamiento. Este principio también está relacionado con otros, como el de minimización, limitación de la finalidad y protección de datos por defecto.
En la conservación de datos en las Administraciones Públicas debe tenerse en cuenta la normativa sobre archivos y gestión de
documentos, aunque con frecuencia existe una gran indefinición en los plazos de conservación y una tendencia a conservar la información durante períodos superiores a los realmente necesarios.
Por otra parte, las políticas de conservación o archivo deben tener en cuenta medidas de seguridad adecuadas, al igual que la supresión debe realizarse con seguridad.

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8. Integridad y confidencialidad: debe garantizarse una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas.

El RGPD se refiere a la seguridad del tratamiento de datos que debe garantizarse por el responsable y, en su caso, el encargado, mediante la adopción de medidas técnicas y organizativas proporcionadas, por ejemplo:

• La seudonimización y el cifrado de datos personales
• La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios del tratamiento
• La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico
• Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

Con respecto al deber de confidencialidad, la LOPDGDD establece este deber no solo para los responsables y encargados del tratamiento, sino para todas las personas que intervengan en cualquier fase de un tratamiento, manteniéndose aun después de finalizar la relación con el responsable o encargado. Además, esta obligación se establece con carácter complementario a los deberes de secreto profesional.

9. Responsabilidad proactiva : El responsable no solo debe cumplir los principios mencionados y otras obligaciones establecidas en el RGPD, sino que debe ser capaz de demostrarlo.
Este principio implica una inversión de la carga de la prueba que alcanza incluso a los procedimientos de infracción en materia de
protección de datos, en los que la "presunción de inocencia" es aplicable a quien demuestra que ha cumplido con sus obligaciones.
En la práctica, este principio se traduce en dos obligaciones atribuibles a los responsables:

• Una actitud preventiva y activa en el cumplimiento de sus deberes, que exige adoptar las medidas necesarias para garantizarlo.
• La necesidad de documentar las actuaciones realizadas en el cumplimiento de sus deberes.

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